ATENCIÓN CON NUEVA LEY Nº 31313 DE DESARROLLO URBANO, QUE TIENE CAMBIOS
RADICALES PUBLICADA HOY 25 DE JULIO EN EL DIARIO EL PERUANO
Se establece que la norma tiene por objeto
establecer los principios, lineamientos, instrumentos y normas que regulan el
acondicionamiento territorial, la planificación urbana, el uso y la gestión del
suelo urbano, a efectos de lograr un desarrollo urbano sostenible.
Ello, entendido como la optimización del
aprovechamiento del suelo en armonía con el bien común y el interés general, la
implementación de mecanismos que impulsen la gestión del riesgo de desastres y
la reducción de vulnerabilidad, la habilitación y la ocupación racional del
suelo.
Así como el desarrollo equitativo y accesible y la
reducción de la desigualdad urbana y territorial, y la conservación de los
patrones culturales, conocimientos y estilos de vida de las comunidades
tradicionales y los pueblos indígenas u originarios.
Se determina que esta normativa, así como sus
normas complementarias y reglamentarias, son de observancia y cumplimiento
obligatorio para todas las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas,
en todo el territorio nacional.
Se fija que el Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento (MVCS) es el ente rector responsable de la conducción,
establecimiento y evaluación de la política y estrategias nacionales en materia
de urbanismo y desarrollo urbano, de la regulación y supervisión del
cumplimiento de las mismas; así como, de la articulación y asistencia de los y
las agentes involucrados/as.
Se dispone que el MVCS es el ente responsable de la
resolución de discrepancias entre los gobiernos locales o entre estos y las
entidades sectoriales, cuya actuación influye en el urbanismo y el desarrollo
urbano de un área específica.
Se establece que las controversias que versan sobre
conflictos de competencia que surjan entre gobiernos locales, sean comunas
distritales o provinciales, así como entre municipalidades y gobiernos
regionales o con organismos del Gobierno Nacional, son resueltos por el
Tribunal Constitucional (TC).
Financiamiento urbano
Se determina que los instrumentos de financiamiento
urbano son herramientas destinadas a financiar el desarrollo urbano sostenible
de las ciudades y centros poblados, con parte o la totalidad del mayor valor
comercial del suelo que resulte de las actuaciones e intervenciones hechas
total o parcialmente por el Estado.
Se fija que los instrumentos de financiamiento
urbano incluyen los siguientes y otros establecidos en la normativa especial o
definida por los gobiernos locales, de acuerdo a sus competencias, en los
instrumentos de planificación urbana, que se encuentren sustentados en la
función social del derecho de propiedad:
a.- Instrumentos para el aprovechamiento del
incremento del valor del suelo.
b.- Derechos adicionales de edificación
transferibles.
c.- Bonificaciones por finalidades de interés
público.
d.- Compensación de potencial edificatorio.
e.- Tributos.
Incremento del valor del suelo
Se fija que se entiende por incremento del valor
del suelo al valor comercial adicional que se origina por las externalidades
positivas directas o indirectas que generan proyectos, obras de habilitación
urbana, renovación o regeneración urbana, inversión pública en infraestructura,
ampliación de redes de servicios públicos y vías ejecutadas por el Estado.
La participación en el incremento del valor del
suelo se producirá cuando se verifique alguno de los hechos generadores
señalados más adelante.
Se establece que la participación en el incremento
del valor del suelo urbano permite a la municipalidad provincial obtener, luego
de una evaluación técnica, un porcentaje del incremento de este valor a efectos
de ser aplicado a los fines de utilidad pública que se establecen en la
presente Ley.
Se dispone que la participación en el incremento
del valor del suelo se sustenta en la obligación derivada del principio de
exclusión del enriquecimiento sin causa producidos por los hechos generadores
indicados más adelante.
Se determina que el procedimiento, incluyendo las
formas de recaudación y de pago se establecen en el reglamento de la presente
Ley.
Hechos generadores
Se dispone que los hechos generadores de la
participación del incremento del valor de suelo incluyen:
1.- Hechos generadores por la clasificación del
suelo:
La incorporación mediante una actualización del
plan de desarrollo metropolitano o plan de desarrollo urbano de suelo
urbanizable como suelo urbano y la incorporación de suelo rural como suelo
urbanizable, siempre que el suelo urbano o urbanizable se encuentre dentro del
área de concesión de las empresas prestadoras de servicios de agua, desagüe y
energía eléctrica correspondientes, que efectivamente puedan brindarle los
servicios públicos del caso.
2. Hechos generadores por la calificación del
suelo:
a.- La asignación de zonificación y la
actualización de la zonificación de los usos del suelo a uno de mayor
rentabilidad o aprovechamiento en los planes de desarrollo urbano, siempre que
el suelo urbano o urbanizable se encuentre dentro del área de concesión de las
empresas prestadoras de servicios de agua, desagüe y energía eléctrica
correspondientes, que efectivamente puedan brindarle los servicios públicos del
caso.
b.- La aprobación en planes de desarrollo urbano y
sus actualizaciones de un mayor aprovechamiento del suelo con mayores derechos
edificatorios, por el incremento del área techada o mayor coeficiente de
edificabilidad o altura de edificación.
c.- La ejecución de proyectos de inversión pública
de equipamiento urbano, creación o mejoramiento de espacios públicos, obras
vinculadas a la mejora del Patrimonio Cultural de la Nación y obras de
infraestructura de servicios básicos, por parte de la autoridad correspondiente,
que generen un incremento en el valor de la propiedad, salvo que para financiar
su ejecución se hubiera empleado la Contribución Especial por Obras Públicas
prevista en la legislación de la materia.
d.- Otros determinados por los gobiernos locales,
mediante el plan de desarrollo metropolitano o plan de desarrollo urbano,
debiendo encontrarse los mismos ejecutados con intervención del Estado y
debidamente sustentado en estudios técnicos correspondientes.
Participación en valor del suelo
Se establece que la participación en el incremento
del valor del suelo correspondiente será determinada por las municipalidades
provinciales, quienes establecen, por ordenanza, el porcentaje de participación
que se imputará al aumento de valor comercial generado, la cual no será menor
al 30% ni mayor al 50% del incremento del valor comercial por metro
cuadrado.
Se fija que a efectos de fijar la tasa de
participación se tomará en consideración las calidades urbanísticas del área
sujeta al incremento del valor del suelo, según las previsiones establecidas en
el reglamento.
El gobierno local puede emitir los actos
administrativos que resulten necesarios para efectos del cobro de este
concepto.
Se determina que en caso los predios que se
beneficien de un incremento de valor del suelo fueran destinados a la
generación de vivienda de interés social, la participación en el aumento del
valor del suelo se sujeta a los siguientes porcentajes:
1.- Por hechos generadores por la clasificación del
suelo:
a) Un 20% para proyectos donde más del 50% del área
techada se destine a vivienda de interés social.
b) Un 12% para proyectos donde más del 50% del área
techada se destine a vivienda de interés social de tipo prioritaria.
2.- Por hechos generadores por la calificación del suelo:
a) Un 20% para proyectos donde más del cincuenta
por ciento 50% del área techada se destine a vivienda de interés social.
b) Un 10% para proyectos donde más del 50% del área
techada se destine a vivienda de interés social de tipo prioritaria.
Recursos obtenidos
Se dispone que los recursos conseguidos por la
participación en el incremento del valor del suelo se aplican a los siguientes
conceptos:
1.- Financiamiento de obras para la provisión de
agua y saneamiento.
2.- Construcción y mantenimiento de equipamiento
urbano y comunitario.
3.- Creación y mantenimiento de espacios públicos y
áreas verdes.
4.- Fomento de programas y proyectos de vivienda de
interés social.
5.- Protección y promoción de patrimonio cultural,
natural y paisajístico.
Se establece que los recursos obtenidos podrán ser
también utilizados para adquirir los terrenos que sean necesarios para
destinarlos a los conceptos antes señalados.
Se fija que los recursos que recaudan los gobiernos
locales provenientes de la participación en el incremento del valor del suelo
se destinan a las finalidades antes indicadas, priorizando su uso a la
reducción de las desigualdades urbanas dentro de la provincia correspondiente,
destinando los recursos a favor de los distritos que agrupan principalmente a
las personas ubicadas en los sectores I, II y III de la población agrupada
según quintiles de ingreso.
Banco de Tierras
Se dispone que el Fondo Mivivienda, en su calidad
de operador público del suelo, asume la administración y gestión del Banco de
Tierras, regulado en la Ley 28687, Ley de desarrollo y complementaria de
formalización de la propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios
básicos, y su reglamento.
Se establece que los gobiernos regionales y locales
podrán seleccionar, para su incorporación en el Banco de Tierras, terrenos
eriazos de su propiedad.
Se determina que el Poder Ejecutivo, en un plazo no
mayor a 60 días calendario, aprueba los reglamentos necesarios para la
implementación de la presente Ley.
https://andina.pe/agencia/noticia-promulgan-ley-desarrollo-urbano-para-promover-avance-ordenado-854818.aspx
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